La normativa peruana de precios de transferencia exige acreditar el denominado Test de Beneficio, que obliga a las empresas a demostrar que los servicios recibidos de sus partes vinculadas generaron un beneficio económico efectivo y que cuentan con evidencia suficiente para respaldarlos. Este mayor nivel de exigencia se enmarca en el fortalecimiento general del control tributario, en un contexto donde la recaudación alcanzó S/ 175,156 millones en 2025 con un crecimiento de 10.8% respecto al año anterior. La consecuencia jurídica del incumplimiento es contundente, pues conforme al inciso i) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, sin Test de Beneficio el costo o gasto por servicios intragrupo simplemente no es deducible para la determinación del impuesto.
El servicio intragrupo es probablemente el punto más vulnerable de la mayoría de grupos empresariales peruanos, incluidos los de origen familiar. Es habitual que la matriz o una empresa hermana cargue un fee de gerencia, soporte administrativo, uso de sistemas o respaldo comercial, y que ese cargo se registre año tras año sin contratos actualizados, sin entregables identificables y con criterios de asignación de costos que nadie en la organización sabría explicar ante un auditor. El problema no es la figura en sí misma, que es legítima y estándar en cualquier grupo bien gestionado a nivel internacional, el problema es la orfandad documental con la que suele administrarse en el mercado local.
La mecánica de las fiscalizaciones en esta materia sigue un patrón conocido que conviene describir. La administración inicia solicitando de manera general toda la documentación que sustente el Test, y luego pide de forma específica los estados financieros segmentados de la empresa proveedora, la identificación del personal involucrado tanto en la prestadora como en la receptora, los criterios de asignación de costos y su razonabilidad, los contratos, los entregables y la documentación que acredite de manera objetiva cómo el servicio influyó en el negocio. Las campañas recientes de esquelas y cartas inductivas han alcanzado a contribuyentes que declararon servicios de vinculadas en el Reporte Local, y las revisiones abarcan períodos que permanecen abiertos a fiscalización desde 2019.
La pregunta que todo directorio debería formularse es simple y deliberadamente incómoda. Si un tercero independiente cobrara ese mismo monto por ese mismo servicio, la empresa lo pagaría y podría demostrar qué recibió a cambio. Ese es exactamente el estándar que aplica la administración, pues el Test de Beneficio evalúa si, en circunstancias comparables, la empresa habría satisfecho esa necesidad ejecutando el servicio internamente o contratándolo con un tercero. Cuando la respuesta honesta es negativa o dudosa, el gasto está en riesgo, y con él la determinación del Impuesto a la Renta de varios ejercicios.
La recomendación de la firma es ejecutar un programa de orden en tres pasos. Primero, levantar un inventario completo de todos los servicios que fluyen entre las empresas vinculadas del grupo, con sus montos y conceptos. Segundo, formalizar contratos con alcances, criterios de asignación y mecanismos de documentación claros. Tercero, construir un archivo de evidencia permanente con informes, correos, reportes, actas y resultados atribuibles a cada servicio. Considerando la amplitud de los períodos fiscalizables y la severidad de la consecuencia, ordenar esta materia no constituye una buena práctica opcional, constituye gestión básica de riesgo patrimonial.
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Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted.
